«Desde que volvieron las clases presenciales, fue exponencial el crecimiento de los contagios entre los 9 y los 18 años», le explicó el Presidente al jefe de Gobierno porteño en una reunión que mantuvieron en la residencia de Olivos.

El incremento en un 25 por ciento de la circulación y el uso del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), así como también el aumento «exponencial» de contagios en la franja de edad que va de los 9 a 18 años motivaron al gobierno nacional a suspender temporalmente las clases presenciales por 15 días, una decisión que fue objetada ante la Corte Suprema de Justicia por la gestión porteña, que presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad.

«Desde que volvieron las clases presenciales, fue exponencial el crecimiento de los contagios entre los 9 y los 18 años», le explicó el presidente Alberto Fernández al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en una reunión que mantuvieron en la residencia de Olivos.

En una rueda de prensa posterior, el mandatario aseguró que «los datos científicos dan cuenta que el problema no ocurre en los colegios sino que detrás de la presencialidad de alumnos se genera todo un movimiento social que incrementa mucho la circulación ciudadana».

«Desde que volvieron las clases presenciales, fue exponencial el crecimiento de los contagios entre los 9 y los 18 años»

ALBERTO FERNÁNDEZ

Los dos argumentos que expone el gobierno nacional para explicar la decisión de suspender temporalmente la presencialidad en las escuelas fueron expuestos en los considerandos del Decreto de Necesidad y Urgencia 241/2021 publicado este viernes en el Boletín Oficial, con las medidas restrictivas que entraron en vigencia en el primer minuto de hoy, y que incluyen la restricción para circular entre las 20 y las 6 de cada día.

«Se reconoce sin dudas la importancia de la presencialidad en la actividad escolar, pero la situación epidemiológica en el AMBA demuestra una gravedad que exige la adopción de medidas inmediatas para disminuir la circulación de las personas, con el fin de disminuir, también, la velocidad en el crecimiento de los contagios», dice el DNU en sus considerandos.

El texto habla además de un incremento del 25 por ciento en la circulación y el uso del transporte público, y un aumento en el número de casos de coronavirus entre niños y adolescentes.

Además, en la norma se señala que el gobierno nacional «comparte el criterio» de que la suspensión de la presencialidad en las aulas debe llevarse adelante «por el menor tiempo posible, tal como han indicado prestigiosos organismos vinculados a los derechos de niños, niñas y adolescentes, como Unicef y la Sociedad Argentina de Pediatría».

El propio Presidente defendió el DNU tras reunirse en Olivos con Rodríguez Larreta y sostuvo que confía llegar al 30 de abril -el plazo de las restricciones que comienzan este viernes- y que «hayamos ganado el tiempo necesario para parar los contagios de coronavirus y vaciar las camas» de la ciudad de Buenos Aires.

En una rueda de prensa, el mandatario aseguró que el Gobierno lo que propone son «15 días de shock» con el fin de «parar la circulación y el relajamiento social».

A pesar de estas explicaciones, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires interpuso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de inconstitucionalidad contra lo dispuesto por el Decreto 241/2021 en relación a la presencialidad de las clases.

La cautelar es contra el artículo 2 del decreto, publicado en el Boletín Oficial y plantea al Máximo Tribunal que se le ordene al Estado Nacional que «se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el decreto cuestionado».

En su presentación, el Gobierno porteño sostiene que el decreto «viola la autonomía de la Ciudad» e «implica una virtual intervención federal, porque se arroga potestades sobre competencias locales, en salud y educación».

En la argumentación de la presentación, se indica que la medida «no es razonable» con el argumento de que «la suspensión de las clases presenciales dispuesta no se encuentra justificada en datos empíricos, y resulta arbitraria porque obedece exclusivamente a la voluntad de quien detenta el Poder Ejecutivo Nacional».

Fuentes judiciales indicaron a Télam que, como es de rigor, el expediente debe ir primero a la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema, la misma que la semana que viene tiene la audiencia de conciliación en la demanda que la Ciudad había entablado por la modificación en los montos de coparticipación.

Sobre el contrapunto entre la Ciudad y la Nación también se expresó la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, quien en FM Urbana dijo que «la decisión va contra la autonomía de la Ciudad, daña un servicio esencial y no es el momento ni la manera de tomarla».

«Vamos trabajando con el ministro de Educación nacional, y habíamos alcanzado un consenso de que las escuelas tenían que ser lo último que se cerrara», expresó Acuña.

Mientras tanto, desde el sindicato docente Ctera respaldaron las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo.

La secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, expresó que «hubo un crecimiento de casos exponencial» en la región.

«Lo que se está discutiendo no es la importancia de la presencialidad, sino el aumento de casos, y venimos planteando que tenemos localidades con una situación difícil», indicó Alesso al hablar esta mañana con la radio santafesina LT9.

«Es por eso que estamos planteado la necesidad de suspender temporalmente la presencialidad durante un tiempo prudencial, para poder bajar los contagios, algo que se hizo en todo el mundo», expresó la dirigente sindical.