Por ocho votos a tres, el STF votó a favor de ratificar la anulación de dos condenas por corrupción y otros dos procesos abiertos, por considerar que el exjuez Sérgio Moro, de la ciudad de Curitiba, era incompetente por jurisdicción para tratar los temas del expresidente.

El fallo ratifica lo determinado el 8 de marzo por el juez de la corte Edson Fachin, quien hizo lugar a un hábeas corpus de 2015 contra la competencia de Moro, ya que considera que los delitos por los que se acusaba a Lula no tienen vinculación con los desvíos de corrupción de Petrobras.

Esta votación obliga a que los procesos se cambien a San Pablo o Brasilia, pero le dan una dura derrota a la operación Lava Jato y a Moro.

Si el fallo del 23 de marzo ya fue histórico para Lula porque ese día el STF reconoció por tres a dos la “parcialidad” y la persecución política de Moro en su contra, la ratificación de este jueves constituye otro paso clave porque lo deja a las puertas de volver a aspirar al Palacio del Planalto, una posibilidad con la que el exsindicalista coquetea pero aún no confirmó.

La Sala II de la corte, el 9 de marzo, declaró a Moro parcial, pero esta situación puede ser revisada por el pleno el próximo jueves.

«La decisión no destruye la operación Lava Jato; es algo concreto con este caso», dijo a los gritos Luis Fux, quien votó en contra de la anulación, un voto esperado porque siempre fue considerado un aliado férreo de Moro y de la cadena de notícias Globo, editorialmente a favor de que el proceso continuara.

Fux votó en contra al lado de Marco Aurelio Mello, el decano, y Kassio Nunes Marques, el juez puesto por Bolsonaro.

Fachin, considerado un lavajatista, anuló las causas por jurisdicción para intentar salvar a Moro del delito de parcialidad y lawfare.

Votaron a favor de la anulación Fachin, Carmen Lúcia Antunes, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowksi, Alexandre de Moraes, Antonio Dias Toffoli, Luis Roberto Barroso y Rosa Weber.

La anulación de las sentencias dejó en evidencia que la jurisdicción de Curitiba de la operación Lava Jato en 2014 no tenía potestad para investigar a Lula.

El expresidente pasó un año y medio preso por una condena a ocho años de cárcel que lo inhabilitó en 2018 a participar de las elecciones para las cuales era amplio favorito y que ganó el ahora mandatario, Jair Bolsonaro.

Esta condena anulada indicaba que Lula recibió un departamento en la ciudad de Guarujá, San Pablo, como parte de una coima del a empresa OAS, contratista de Petrobras.

La segunda condena a 15 años de prisión vinculaba a Lula con las reformas pagadas por la empresa Odebrecht en una casaquinta en Atibaia, en el interior de San Pablo, frecuentada por el líder del Partido de los Trabajadores (PT) y propiedad de un sindicalista amigo.

Los procesos de Lula, sin vinculación con Petrobras, pueden prescribir o ser blanco de alguna acusación de improbidad administrativa.

El fallo se conoció cuando una encuesta de DataPoder del portal político Poder360 le adjudica 12 puntos de ventaja a Lula contra Bolsonaro en un eventual balotaje, de cara a los comicios del próximo año.

Desde los fallos de marzo, Lula inició un raid por los medios clamando por la vacunación contra el coronavirus y a favor de las cuarentenas, otro punto de enfrentamiento con el modelo elegido por Bolsonaro para hacer frente al colapso hospitalario.

«Lo que yo busco es un juicio justo; ellos sostuvieron una mentira todo el tiempo y en algún momento yo pensaba que iba a tener un juicio justo», dijo Lula antes del fallo a Radio do Povo.

Tanto la votación del 23 de marzo como la de este jueves representan hitos sobre lawfare y una derrota política para la operación Lava Jato y para el bolsonarismo, que apostaba al rechazo al hábeas corpus presentado por Lula en 2018 y que recién ahora tiene un desenlace.

Filtraciones hechas por un hacker mostraron el complot de Moro y el equipo de fiscales de Lava Jato dirigida por Deltan Dallagnol, en la que lanzaban acciones de persecución contra dirigentes del PT y la familia de Lula, a quien llamaban «Nine», burlándose de la pérdida de un dedo del ex presidente cuando era un tornero mecánico.

Moro se convirtió luego en ministro de Justicia de Bolsonaro y antes de las elecciones que ganó el mandatario filtró a la prensa una delación premiada del exministro de Economía Antonio Palocci supuestamente perjudicando al PT.

Moro renunció por una discusión en mayo del año pasado y ahora es socio de Alvarez & Marsal, un estudio jurídico estadounidense que administra la quiebra de Odebrecht, empresa eje de la operación Lava Jato con 78 exejecutivos convertidos en delatores premiados.

«STF confirma los derechos de Lula! Día histórico. Tardó, pero llegó! Todavía hay muchas cosas para poner en su lugar, pero la incompetencia de Moro era el paso fundamental para eso, el primer pedido de la defensa», escribió en su cuenta de la red Twitter la titular del PT, Glesi Hoffmann.

Si Lula finalmente decide ser candidato el año próximo, existen chances de que no solo enfrente a Bolsonaro, sino también de que compita con el mismo Moro.(Télam)