Tanto diputados porteños como legisladores nacionales del Frente de Todos le pidieron al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que reasuma la custodia de esa zona del sur porteño que actualmente está a cargo de Gendarmería.

Legisladores del Frente de Todos exigieron al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que envíe efectivos de la Policía local al Barrio Ricciardelli 1-11-14 y asuma, de ese modo, su «responsabilidad» y «soberanía» en materia de seguridad en esa zona del sur porteño, que actualmente es custodiada por fuerzas federales.

A través de dos declaraciones, una presentada en la Cámara de Diputados de la Nación y otra en la Legislatura porteña, desde el Frente de Todos (FdT) alertaron esta semana sobre «dilaciones» por parte del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en asumir la «soberanía» que le corresponde a la Ciudad en materia de seguridad en el barrio popular Padre Ricciardelli (ex villa 1-11-14), ubicado en el Bajo Flores (Comuna 7).

Actualmente es la Gendarmería, una fuerza de seguridad federal, la que custodia el barrio, debiendo cumplir así con una tarea que le corresponde a la Policía de la Ciudad.

En diálogo con Télam, la legisladora porteña y vicepresidenta de la comisión de Seguridad de la Legislatura, Claudia Neira, explicó el motivo de la presencia de Gendarmería en el barrio Ricciardelli.

Actualmente la zona es custodiadad por la Gendarmería, que llegó en 2011.

«Esto tiene origen en 2011, cuando el Estado nacional tenía la responsabilidad de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, y (la entonces presidenta) Cristina (Fernández de Kirchner), para reforzar la seguridad en algunos barrios, dispone el operativo ‘Cinturón Sur’, con Gendarmería y Prefectura».

Cinco años después, en enero de 2016, el expresidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta -habiendo asumido ambos en diciembre de 2015-, acuerdan la trasferencia de unos 19.000 efectivos de la Policía Federal Argentina a la Ciudad de Buenos Aires, ya que ese distrito pasaría a estar a cargo de su propia seguridad.

A partir de esa transferencia, explicó Neira, el expresidente Macri firmó en 2017 un decreto que «derogaba el operativo ‘Cinturón Sur’ y decía que, con la Ciudad teniendo plenamente la soberanía y la competencia de la seguridad en su distrito, ya no podía haber un territorio donde no estuviera la Policía de la Ciudad».

«Macri firma ese decreto -agregó Neira-, que está vigente, pero todo siguió igual, Larreta no mandó Policía de la Ciudad al barrio. No cumplieron el decreto siendo los dos Gobierno».

En diciembre de 2019, el Frente de Todos llega al Gobierno nacional y actualmente, desde el Ministerio de Seguridad a cargo de Sabina Frederic, se plantea a las autoridades de la Ciudad que, si bien las fuerzas federales pueden continuar «colaborando y reforzando ciertas zonas, es necesario que la Policía de la Ciudad reasuma la soberanía en este sector del territorio, del cual se han retirado absolutamente», afirmó la diputada.

En este sentido, Neira presentó en febrero último una declaración en la Legislatura, pidiendo al Ejecutivo local que «cumpla con reasumir la soberanía en materia de seguridad y mande Policía de la Ciudad al barrio Padre Ricciardelli».

«La Ciudad está contradiciendo su propia constitución y sus propias normas resignando autonomía en un sector de su territorio, del cual se retiró y dijo ‘yo acá no garantizo la seguridad, se la dejo a la Gendarmería'», añadió.

Neira también remarcó que «la Ciudad tiene una obligación con sus ciudadanos y que no puede delegarla en forma absoluta a la Nación».

Y aclaró: «Sí le puede decir a la Nación que colabore en un territorio que tiene graves problemas de narcotráfico, pero para que la Nación pueda reforzar la tarea que le corresponde, que es el delito complejo, es decir el narcotráfico, se necesita que la Ciudad cumpla con su función, que es la seguridad».

Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades porteñas, el martes último las diputadas nacionales del FdT por la Ciudad Paula Penacca, Mara Brawer y Gisela Marziotta presentaron una declaración que expresa: «Resulta urgente instar a las máximas autoridades» del Gobierno porteño «a adecuar sus políticas públicas en materia de seguridad a fin de salvaguardar la libertad, la integridad y los derechos de todos los porteños».

Las diputadas también manifestaron su preocupación por los «actos dilatorios» del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de su ministro de Seguridad, Diego Santilli, para «asumir la responsabilidad jurisdiccional en materia de seguridad en la totalidad del territorio, especialmente en el barrio Padre Ricciardelli».

En tanto, el mismo día, los legisladores porteños opositores Javier Andrade y Victoria Montenegro presentaron en la Legislatura local una declaración con el mismo texto.

En diálogo con Télam, Andrade aseguró que en el barrio Ricciardelli «ya están los puestos pero la Policía de la Ciudad no los ocupa», pese a que «hay un retiro de las Fuerzas de Seguridad nacionales acordado con el ministro Santilli».

Y añadió: «La Ciudad de Buenos Aires es la que más personal policial tiene por habitante en Latinoamérica, el Gobierno porteño tiene que asumir su responsabilidad».