Según diversos informes, entre los mandatos de Mauricio Macri y de Horacio Rodríguez Larreta como jefes de Gobierno entre 2007 y 2020 la Ciudad perdió 500 hectáreas de tierras públicas debido a concesiones y permisos de explotación de espacios.

La reciente aprobación en la Legislatura porteña de tres convenios que habilitan a desarrolladores inmobiliarios a levantar edificios y la venta del predio de Costa Salguero para la construcción de un barrio náutico confirmaron una planificación del Gobierno de la Ciudad que «prioriza la privatización de terrenos en detrimento de los espacios verdes», advirtieron asociaciones y expertos en urbanismo.

Según diversos informes a los que accedió Télam, entre los mandatos de Mauricio Macri y de Horacio Rodríguez Larreta como jefes de Gobierno entre 2007 y 2020, la Ciudad perdió unas 500 hectáreas de tierras públicas debido a la sanción de leyes que permitieron la venta de predios estatales y a través de concesiones y permisos de explotación de espacios por extensos períodos de tiempo.

Entre 2007 y 2020 la Ciudad perdió unas 500 hectáreas de tierras públicas debido a la sanción de leyes que permitieron la venta de predios estatales

Entre las enajenaciones más recordadas en la gestión de Macri están la venta de terrenos que iban a integrar la exautopista 3, la de una serie de predios de Catalinas Norte y del Edificio Del Plata situado frente al Obelisco, además de la entrega en concesión del Parque Roca y de unas 45 hectáreas en el Parque de las Victorias, en el sur de la Ciudad.

En los más de cinco años que lleva Rodríguez Larreta, en tanto, se avaló la venta de la última parcela verde en Puerto Madero; del Playón ferroviario del barrio de Colegiales, de los terrenos del Tiro Federal sobre Avenida Del Libertador; y se autorizó la privatización de predios para la construcción y explotación de un estadio cubierto en Villa Crespo y la concesión del Centro de Exposiciones en Recoleta.

El último desprendimiento está aún en debate en la Legislatura con la venta de los complejos de Costa Salguero y Punta Carrasco, que suman 32 hectáreas dentro del corredor costero, que despertó una inédita movilización ciudadana que expresó su rechazo y que exigió, en cambio de que se levanten edificios, la creación de un espacio público tras la finalización de la concesión vigente desde la década del 90, que caerá a fin de abril.

Existe, también, un listado de cientos de polígonos de menor extensión -algunos de los cuales Macri traspasó desde la Nación a la Ciudad durante su Presidencia- que el Gobierno porteño optó por venderlos a desarrolladores inmobiliarios, sobre todo aquellos localizados en «zonas de alto valor de mercado», advirtieron los expertos en la materia.

Los emprendedores privados se comprometieron a dar al Estado unacompensación económica que rondará los USD 5 millonesen total

Justamente, en tres de esos casos -hoy en manos de privados- localizados en Villa Crespo, Puerto Madero y Palermo, la gestión porteña firmó convenios con los propietarios para cambiar las normas urbanísticas y habilitar así nuevos usos del suelo y elevar la altura de las construcciones con permisos de hasta 140 metros, es decir, unos 50 pisos.

A cambio, los emprendedores privados se comprometieron a dar al Estado una compensación económica que rondará los USD 5 millones en total, los que estarán destinados, según dijeron, para atender gastos por la pandemia del coronavirus en algunos casos y en otros para la construcción de una plaza pública.

La venta de Costa Salguero y Punta Carrasco, que suman 32 hectáreas, despertó una inédita movilización ciudadana.

«Los convenios urbanísticos son una herramienta poderosa. El tema es el fin para los cuáles se utilizan»

ROSA ABOY

Al respecto Rosa Aboy, que integra el Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas y es docente en la Facultad de Arquitectura de la UBA, cuestionó que «se diga que los convenios urbanísticos son para financiar obras de infraestructura o de salud» y afirmó: «No estoy de acuerdo porque para eso está el presupuesto de la Ciudad».

«Los convenios urbanísticos son una herramienta poderosa. El tema es el fin para los cuáles se utilizan. Lo que vemos es que están haciendo con ellos operaciones particularizadas a medida de un determinado desarrollador y comprometiendo recursos públicos, en vez de tener una visión integral de la Ciudad desde una mirada de planificación que tenga en cuenta el bienestar de las personas», explicó.

Aboy reclamó en declaraciones a Télam que existan instancias de participación ciudadana y de expertos en urbanismo previamente a la firma de los convenios urbanísticos para que «den su parecer y se logre una mirada plural de la Ciudad antes de que el hecho esté consumado».

Playón ferroviario del barrio de Colegiales

Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, desde donde realizaron el informe que determinó la venta de las 500 hectáreas públicas en los últimos 13 años, recordó que los tres predios contemplados en los últimos convenios urbanísticos avalados por la Legislatura porteña «eran públicos y fueron parte de las transferencias de la Nación a la Ciudad».

«El mismo Estado vendió mal esas tierras públicas a un privado con una zonificación y ahora le dice que no se preocupe, que con un convenio consiguen una nueva normativa urbana que va a hacer más rentable el suelo y a incrementar su valor», detalló.

Y evaluó que «la tierra pública tiene que estar destinada a tres objetivos: más espacios verdes, viviendas sociales y equipamiento urbano, no a negocios urbanos. Destinarla a emprendimientos inmobiliarios es un contrasentido a la planificación de la Ciudad».

«Los tres predios contemplados en los últimos convenios urbanísticos «eran públicos y fueron parte de las transferencias de la Nación a la Ciudad»

JONATAN BALDIVIEZO

Por su parte, el legislador del Frente de Todos Matías Barroetaveña sostuvo que «queda en evidencia que estos cambios de normativa fueron parte del acuerdo que el gobierno de Larreta hizo con los desarrolladores privados cuando le vendió estos terrenos».

«Se presenta como ‘convenio’ una estafa al patrimonio público ya que se le cede la posibilidad de construir más metros a cambio de contraprestaciones insignificantes», aseveró y agregó que este tipo de iniciativas «se asemejan a las viejas excepciones del Concejo Deliberante».