La Cámara de Diputados aprobó la regulación del uso de marihuana con fines lúdicos, científicos e industriales y habilitó, en consecuencia, la portación lícita, aunque la iniciativa deberá volver al Senado para que le dé el visto bueno a algunas modificaciones menores.

El proyecto había logrado media sanción en noviembre en el Senado, fue aprobado el martes en comisión en Diputados y atravesará sin dificultades su vuelta a la Cámara baja.

La propuesta permite la portación lícita de hasta 28 gramos de marihuana por persona y autoriza el cultivo casero de hasta ocho plantas, pero veta el acceso al cannabis a menores de 18 años y el consumo en áreas de trabajo y oficinas.

La extensa sesión -que se preveía que siguiera hasta entrada la noche- incluyó la discusión de 215 reservas y propuestas de modificación, pero el texto fue aprobado finalmente en general por 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones.

Los votos favorables fueron aportados por las bancadas del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los partidos Verde, de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT).

Entre las modificaciones introducidas por Diputados aparece la negativa a crear un instituto regulador del flamante mercado, como propuso el Senado, y dejar en cambio la responsabilidad en la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), dependiente del Ministerio de Salud.

México, con 126 millones de habitantes, podría convertirse a partir de esta decisión en el mercado de marihuana más grande del mundo, considerando además que el 12 de enero último el gobierno reglamentó su uso medicinal.

La regulación de la marihuana deriva, en verdad, de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de octubre de 2019, que declaró «inconstitucional la prohibición absoluta» de su consumo lúdico o recreativo.

El máximo tribunal había dictado desde 2015 una serie de sentencias que consideraban ilegal prohibir esos usos a personas mayores de edad.

La legislación pone a México en el camino de volverse el tercer país en legalizar el cannabis a nivel nacional para uso recreativo, después de Uruguay y Canadá.

«Esta ley va a permitir el autocultivo, el cultivo comunitario, a través de cooperativas y finalmente la producción nacional», explicó la activista Genlizzie Garibay, según la agencia AFP.

En tanto, la directora de la ONG México Unido Contra la Delincuencia, Lisa Sánchez, expresó igualmente su temor de que el uso personal aún siga atado a eventuales arbitrariedades de las fuerzas de seguridad, a menudo denunciadas por actitudes violentas.

«La producción será legal, la venta también, pero la posesión todavía estará sujeta a la amenaza de uso policial, multas y posibles detenciones», advirtió Sánchez, para quien si bien la normativa abre la posibilidad de crear una cadena de valor, la persecución seguirá pesando sobre usuarios y pequeños productores.

«No soluciona uno de los principales problemas en México: la mala utilización de recursos de seguridad y justicia» destinados a castigar a estos grupos, agregó.

Otro punto en cuestión es si la iniciativa no resulta, en realidad, una traba para que campesinos de zonas marginadas y pobres -productores históricos y víctimas colaterales del combate al narcotráfico- entren al negocio legal, porque las normas de etiquetado, producción y requisitos para obtener semillas son el estándar para empresas establecidas, pero no para los labriegos tradicionales.

La extensa sesión de Diputados -semipresencial- fue seguida por decena de activistas que mostraban carteles con la leyenda “Cannabis legal”, que incluían el dibujo de la hoja de la planta.

Otro de los cambios agregados en Diputados impone la obligación de solicitar licencia y renovarla anualmente para tener plantas de marihuana en un domicilio particular, y en caso de impedir la revisión el propietario será sancionado hasta con casi 27.000 pesos y se le cancelará el permiso.

Los diputados decidieron incorporar un artículo décimo transitorio que prevé liberaciones inmediatas para las personas procesadas o sentenciadas por los delitos que serán despenalizados en esta reforma.

Al respecto, dispone que ese beneficio para los detenidos lo podrán promover directamente los interesados, sus representantes legales, o familiares, o, a manera de oficio, lo hará el Órgano de Prevención y Readaptación Social de competencia federal, consignó el sitio del diario El Universal.

El texto establece también que las asociaciones de cannabis o clubes de consumo deberán obtener el permiso correspondiente para su funcionamiento.

El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder en 2018 defendiendo la legalización de la marihuana y otras drogas, como estrategia de lucha contra el crimen organizado y el tráfico, y queda por ver la reacción de los cárteles, actuales dueños del negocio.

Solo en 2020 las autoridades mexicanas decomisaron 244 toneladas de marihuana, y desde diciembre de 2006, cuando el gobierno lanzó una ofensiva militar antidrogas, el país acumula más de 300.000 asesinatos.(Télam)