El nuevo gobierno de Bolivia, encabezado por el presidente Luis Arce, acaba de hacer historia: promulgó la flamante ley de Impuesto a las Grandes Fortunas. El país andino se transforma así en el segundo país de América Latina en sancionar una ley de estas características, luego de Argentina. Sin embargo, los bolivianos fueron más allá: la norma surgida en el altiplano es permanente, y no por única vez como se dispuso en Buenos Aires.

El presidente boliviano resaltó que el nuevo tributo afectará en la actualidad a sólo ciento cincuenta y dos personas (tenedoras de fortunas varias veces millonarias) y que lo recaudado ayudará “a miles de familias bolivianas». El impuesto será anual y permanente para residentes en Bolivia, incluso extranjeros, con bienes, depósitos y valores que tengan en el país y en el exterior, superiores a los 4,3 millones de dólares al 31 de diciembre del 2020.

El Estado boliviano cobrará 1,4 por ciento para personas con riquezas de entre 30 y 40 millones de bolivianos (de 4,3 a 5,7 millones de dólares), 1,9 por ciento a aquellos que posean un patrimonio de entre 40 y 50 millones (de 5,7 millones a 7,2 millones de dólares) y 2,4 por ciento  para fortunas mayores.

El Ministerio de Economía de Bolivia calculó que se recaudarán alrededor de 110 millones de bolivianos, más de 14,5 millones de dólares.

El proyecto impulsado por el flamante presidente forma parte de una de sus promesas electorales más inmediatas: entregar una ayuda estatal a más de un tercio de la población (el Bono contra el Hambre), implantar un impuesto a las grandes fortunas y comenzar la investigación y sanción de los supuestos delitos represivos del gobierno interino de Jeanine Añez.