De ellos 16 murieron y 3 fueron gravemente heridos

Por una cuestión meramente generacional, lo recuerdo como el caso paradigmático de la violación a los derechos humanos desde el aparato represivo estatal en  épocas de dictaduras cívico militares.

También corresponde esta aseveración con respecto los  asesinatos del general Juan José Valle,  del Coronel Cogorno y  los fusilamientos  de más de 30 ciudadanos de junio de 1956 -todos ellos en nombre de la “libertad”-, o los múltiples consumados a partir de 1976.

A mi modo de ver, hay dos puntos  que resultan coincidentes en estos aberrantes hechos

Pasaron 65 años del  primer suceso y 49 del segundo que motiva esta nota y todos los autores de tan brutal accionar mantuvieron su libertad o no han sido oportunamente encartados en Tribunales o por la historia. (al menos la oficial)

El 2 de septiembre de 2003 el Poder Ejecutivo, a cargo del entonces presidente Néstor Kirchner, promulgó la ley 25.779 que declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que hasta ese momento impedían que los responsables de delitos de lesa humanidad fueran juzgados. Una decisión política que, en rigor de verdad, no tuvieron los Gobiernos Constitucionales de  1958. 1963, el de 1973 ni el iniciado en 1983. (en este último caso el juicio a las Juntas se trata de una situación distinta aunque encomiable) .  Ello habilitó el inicio del trámite de extradición de Sosa y Bravo, los principales ejecutores materiales. Los autores ideológicos jamás fueron judicialmente  investigados ni molestados(como no lo fueron los de 1956)

A partir de la derogación y nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, y gracias al accionar del juez Ricardo Sastre, que evitó la prescripción de la causa, el capitán Sosa fue detenido y llevado al juez natural, al igual que el resto de los inculpados.

Permanece prófugo Roberto Guillermo Bravo, un ex militar,  detenido en marzo de 2010 en Estados Unidos en donde permanece en libertad a la espera del trámite de extradición.

Debo presumir, razonablemente,  que nada se ha hecho en los últimos  7 años, para instar su extradición.

A pesar de la inicial detención, todos los inculpados aguardaron su juzgamiento excarcelados, pese a que algunos de ellos estuvieron prófugos de la justicia a partir de 2004. Y  Sosa y Bravo hasta amparados en gran parte, por las autoridades de la Marina y Gobierno de entonces

El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia decidió que  cinco acusados por la Masacre de Trelew quedaran libres. De este modo, Luis Emilio Sosa, Carlos Amadeo Marandino, Emilio Jorge Del Real, Rubén Norberto Paccagnini y Jorge Enrique Bautista no fueron a la cárcel y siguieron el proceso excarcelados.

En octubre de 2012 un nutrido grupo  de ciudadanos respetó el silencio requerido por  el presidente del TOF, Enrique Guanziroli, al iniciar la lectura del veredicto, silbó en protesta de las absoluciones de Rubén Paccagnini y Jorge Bautista y festejó con aplausos, llantos y de pie al grito de “asesinos” las condenas a prisión perpetua e inhabilitación absoluta de Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino.

Lo cierto es que luego de esa histórica sentencia -aguardada durante cuarenta años- ninguno de los responsables de tan atroz asesinato cumplió  su condena  conforme los términos de la sentencia.. Por motivos diversos -la mayoría por tratarse de “viejitos”- obtuvieron morigerar su condena y gozaron de los beneficios que los jueces responsables de su ejecución les otorgaron.

Digamos también que el Capitán Sosa no cumplió ni un día  de prisión  ni aun de su condena y murió en su casa, junto a sus familiares.

Después de nueve años de esa historia sentencia, se confirmó la prisión perpetua de Carlos Marandino, y también se revocó la absolución de Rubén Paccagnini  y Jorge Bautista. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tardó seis años en resolver el planteo (Si fueron veloces para resolver, por gravedad institucional, los traslado  de Jueces )

Todos estos procesos represivos tuvieron un hilo conductor y una misma corriente ideológica de profundo contenido antipopular y autoritario

En ambos casos el terrorismo de estado  estuvo presente, como por cierto se agudizó a partir de 1976, y este es uno de los puntos que, a mi modesto entender,  tienen una conexión.

El otro corresponde a las personas  que cumplían funciones en ambos procesos dictatoriales y respecto de los cuales  nadie, al parecer,  se hace cargo.

En 1972, el Ministro de la Dictadura de entonces era el Dr. Arturo Mor Roig, ex presidente de la Cámara  de Diputados  de la Nación, durante el gobierno que fuera derrocado precisamente por ese golpe de 1966. Era, además, afiliado a la Unión Cívica Radical.

Se dice que renunció al partido al iniciar esa gestión (en realidad el partido se encontraba disuelto por imperio de las disposiciones del General Ongania) y, de hecho, resultaba impracticable concretar esta dimision, y hasta que un grupo de dirigentes requirió su expulsión al partido, No tengo registro fehaciente de ninguna de las dos cuestiones aunque no pueda negar su veracidad

En el caso de  los fusilamientos de junio de 1956, solo podría agregar, en la telesis aquí ensayada, que el Ministerio  del Interior del Golpe  de 1955, denominado Revolución Libertadora, fue ocupado por  LaureanoLandaburu y Carlos Alconada Aramburu, ambos dirigentes de la Unión Cívica Radical del Pueblo.

Se preguntará el osado lector que, hasta ahora hubiese seguido este hilo cual es la razón de la alusión de los Ministros durante cuyos mandatos se produjeron estos hechos aberrantes.

La razón, para acercar un tema de debate,  es que el Movimiento Nacional se ha hecho cargo, en general, de todo su pasado, (bueno, regular o malo según la óptica)  comenzando por Eva y Peron, siguiendo por Teisaire, Jorge Antonio, Vandor,  Rucci, López  Rega, Firmenich, de  Herminio, Menem, Duhalde, y más recientemente deNéstor y Cristina.

Va siendo hora que cada quién cargue públicamente con todas sus responsabilidades históricas.